- Veinte provincias pertenecen al club y otras 10 están en turno. Las partidas que se entregan va desde los RD$10 millones a los RD$100 millones al año
IMAGEN: El famoso Cañón del Río Blanco. Presa de Palomino, Bohechio, provincia San Juan. @Solisinforma
La República Dominicana vive del turismo, una de las vigas económicas que solo en el año pasado generó ingresos por 10,974.4 millones de dólares.
Pero, aunque es una nación turística, cada demarcación quiere serlo por separado a fin de beneficiarse directamente de recursos extras, lo que ha generado un «tapón» de proyectos de leyes en el Congreso Nacional que buscan declarar como ecoturísticas a 10 provincias, una condecoración que ya tienen otras 20.
Las que esperan sus turnos son María Trinidad Sánchez, Azua, Santo Domingo, Puerto Plata, Samaná, Dajabón, Hermanas Mirabal, Barahona, La Romana y San José de Ocoa.
Una de las ventajas de ser una provincia ecoturística es la asignación especial de fondos por parte del Ministerio de Turismo (Mitur), que oscila entre los 10 millones y 100 millones de pesos al año, sin incluir los montos fijados en otros proyectos. Sin embargo, estos recursos no fluyen como se espera por incumplimiento de las normativas de los consejos provinciales.
Las declaradas
La carrera germinó en el 2001, cuando se promulgó la Ley 158-01, modificada con la 184-02 y la 318-04, sobre el Fomento de Nuevos Polos Turísticos. Para ese entonces, se establecieron nueve polos turísticos que iban desde Jarabacoa y Constanza, en La Vega, hasta Las Lagunas de Nisibón, en La Altagracia.
Un año más tarde, Hipólito Mejía, presidente de entonces, promulgó la Ley 77-02, que crea los Consejos de Desarrollos Ecoturísticos, cuya personalidad jurídica es la de asociaciones sin fines de lucro. Ese formato se mantuvo hasta el 2008, cuando hubo una pausa hasta el 2022.
Una vez establecido ese marco legal, Hato Mayor debutó en el 2002 como la primera provincia ecoturística, con una asignación de 50 millones de pesos en dos años seguidos, como fondo para crear la infraestructura, senderos, paradores y otras facilidades que impulsen el ecoturismo.
La siguiente fue Monseñor Nouel en el 2004. También se le asignaron 50 millones de pesos. Ese año, Barahona logró la distinción con 100 millones de pesos anuales durante seis años, la cifra más alta para una provincia ecoturística.
También entraron a la sociedad San José de Ocoa y San Juan. A ambas se les asignó 1 millón de pesos mensuales durante cuatro años. El Seibo lo logró en el 2005 y se le pautaron 12 millones de pesos anuales durante dos años.
En el 2006, ingresó Elías Piña con 12 millones de pesos. La última de esa década fue Sánchez Ramírez, en 2008.
Entre el 2010 y 2022 hubo una pausa, pero la fiebre se reactivó en el periodo legislativo 2020-2024, cuando el Congreso declaró una docena como provincias ecoturísticas, incluyendo la actualización de la ley de Hato Mayor, que le deposita 20 millones de pesos durante dos años, y El Seibo, declarada como «polo turístico» y cuyo monto no fue definido.
Del 2023 en adelante
En el 2023, fueron declaradas Duarte, con 60 millones de pesos durante dos años; San Cristóbal, sin un monto detallado; y Espaillat, con 36 millones de pesos asignados indefinidamente.
También, La Vega, con 12 millones de pesos durante seis años; Santiago Rodríguez, con 60 millones de pesos; y Monte Plata, con 3 millones de pesos al mes durante ocho años. La Altagracia, la meca del turismo en el país, ingresó al círculo mediante con una erogación de 20 millones de pesos durante cuatro años.
En el 2024, logró el mérito Pedernales, sin fondos detallados. También Montecristi, con 25 millones de pesos; Independencia, con 30 millones de pesos; y Valverde, con 30 millones de pesos. De estas tres últimas no se aclara cuándo cesará el depósito.
La última en ingresar al club es San Pedro de Macorís «La sultana del Este», con la asignación de 30 millones de pesos.
Para motivar su declaratoria, los proyectos enumeran las bondades ecoturísticas, históricas y culturales de las provincias. También, establecen cómo deben estar definidos los consejos provinciales, cuyos integrantes, que son nombrados mediante decretos presidenciales, deben administrar los fondos y diseñar las estrategias de promociones.
No obstante en estos procesos pocas veces participa el personal del Ministerio de Turismo asesorando ni aprobando si una provincia califica, sino que queda en manos de los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
El dilema con los fondos
Las leyes establecen que el Mitur debe entregar el dinero a los consejos y estos los usarán para adecuar los entornos y dar créditos a emprendedores en negocios afines, pero legisladores consultados se quejan de que el desembolso no llega.
Hato Mayor no recibió los fondos completos en la primera etapa y, desde el 2023, cuando se actualizó la ley, no los recibe, según informó esa vez Ricardo Barceló, presidente del consejo de promoción.
Atribuye la razón a que, con la nueva legislación, les piden requisitos adicionales a la anterior ley. En ese sentido, dialogan con el Mitur para acordar cómo será la entrega del dinero, el cual usarán en planes, como la promoción de ferias, senderismo, ciclismo y adecuación del salto Las Jardas y Los Haitises.
«Los de la ley vieja y los de la nueva tienen tiempo que no están recibiendo los recursos del Ministerio de Turismo (…) No solamente Hato Mayor, sino todas las provincias ecoturísticas«, dijo Cristóbal Venerado Castillo, senador de Hato Mayor.
Mitur: deben estar habilitados con nueva ley
Con la nueva ley, los Consejos de Desarrollo Ecoturísticos funcionan como organismos públicos descentralizados con autonomía administrativa y financiera. Eso permite una mejor transparencia, debido a que el Ministerio de Economía le comunicó al Mitur que estos órganos deben cumplir con la Ley 122-05, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro.
En el 2025 se incluyeron RD$ 200 MMEl Viceministerio de Gestión de Destino del Mitur informó que, de las ocho demarcaciones declaradas como ecoturísticas entre el 2002 al 2008, solo habían adecuado sus consejos con la nueva normativa Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez.
En los años 2023 y 2024, la Dirección General de Presupuesto les entregó a estas dos 5 millones de pesos a cada una, de un total de 40 millones designados para esos fines. Los requisitos que no pudieron complieron son: tener RNC gubernamental, una unidad de compras, definir los roles en el portal transaccional de Compras y Contrataciones, contar con una cuenta bancaria en la Tesorería y coordinar con la Contraloría.
Aunque el Ministerio de Turismo diligenció para que todas reciban las partidas en el 2024, la misma no se contempló en el Presupuesto Nacional del Estado. En este 2025, se incluyeron unos 200 millones de pesos, y «como consecuencia de las debidas diligencias realizadas ante la Dirección General de Presupuesto, fueron asignados los fondos a dichos consejos y en estos momentos trabajando junto a ellos para que completen los requerimientos antes mencionados y poder proceder con el desembolso», manifesta un documento firma Patricia Mejía, quien dirige el Viceministro de Gestión de Destino.
Por: Pedro Martín Sánchez / DL
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